COMUNICADO
La Federación Latinoamericana de Fiscales, manifiesta su profunda preocupación ante lareiterada pretensiónde algunos poderes políticos de la región,de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocenque la "independencia judicial” constituye un derecho humano, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, la autonomía en las instituciones de procuración de justicia no solo es necesaria para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sinoque fue establecida para garantizara la comunidad el derecho de acceso a unajusticiaimparcial, en especial alas víctimasy en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.
Por ello, la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la Republica, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedanejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concretopor parte de los poderes ejecutivo y legislativoo cualquier otro sector de poder.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia.
Dicha garantía,en modo alguno implica la imposibilidad de auditar,por parte de los otros poderes estatales,la calidad de la función jurisdiccional,ya que impone, entre otras cosas, la necesidad de una regulación estatal, con criterios objetivos e imparciales en el sistema sancionatoriode los operadores,que contengany respetenla autonomía e independencia individual de cada fiscal.
En ese marco, recientemente en la República Argentina se haobservado proyectos legislativosque crean una incertidumbre sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales, ya que intentan conformar organismos de juzgamiento con un tilde mayoritariamente político,desobedeciendo el mandato constitucional de no injerencia en la función jurisdiccional, llegando al extremo de plantear la posible conformación de comisiones parlamentarias especiales con facultades disciplinarias sobre los jueces y fiscales.
Todo eso sucede en un contexto de descalificación constante por parte de autoridades oficiales de los actores judiciales,sin que se plasmen esos reclamos en los ámbitos institucionales pertinentes y previstos legalmente para el juzgamientode los jueces y fiscales, generando una mayor desconfianza pública en la administración de justicia.
Además, entre otras reformas legislativas, se pretende menguar el respaldo institucional del Procurador General de la Nación, al reformar la ley que requería el voto de los tercios de los miembros del Senado para su designación, estableciendo como suficiente una mayoría simple de votos,
Consecuentemente, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Argentinaen sus planteos contra la reforma judicial, e invitándolas a ocurrir ante organismos internacionales de protección de derechos humanos para el caso de que se efectivicen los avasallamientosa la independencia judicial.
Se deja constancia, que,en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina –AFFUN)
Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)
Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos(Argentina –AFFUN)
Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina –AAF)
Protesorero: Claudio Uribe (Chile)
Vocales:Argentina: María Fernanda Poggi (AFFUN) y Sebastián Videla (AAF);
Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.
Guatemala: Max López.
Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez
Paraguay: Sandra Ledesma.
Perú: Jorge Vega y Juan Coya
Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa
Tribunal de Honor: Mario Carrera (Chile) y Alejandro Sevilla (Honduras)
Comisión Revisora de Cuentas: Fátima Capurro (Paraguay)-
